El derecho constitucional a la vivienda, que fue uno de los más irrespetados durante anteriores Gobiernos, recibe del Estado bolivariano una inversión anual para construir complejos urbanísticos en diferentes localidades del país, y recientemente se ha creado el Ministerio de Hábitat y Vivienda, con la misión de acelerar aún más, con métodos de participación popular, la solución de este gran problema material.
Desde su Artículo 82, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela había anunciado el sueño que se materializaría, tiempo después, con la Misión Hábitat: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos”.
Por primera vez en la historia, un Gobierno le dijo al pueblo que “el Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente la de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas”.
Con el reto fundacional de lograr para el año 2021 una vivienda digna para todos los venezolanos, surgió la Misión Hábitat : un plan social que tiene el propósito de cambiar el modelo habitacional que ha imperado durante más de 40 años en Venezuela. El pueblo venezolano invadido la miseria y la exclusión, ha estado sumergido en un sistema de vivienda que no garantiza armonía entre su bienestar y entorno natural, hacia esto apunta este plan de equidad habitacional.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el déficit habitacional supera el millón 800 mil viviendas, y 60% de las existentes necesita ser mejorada o ampliada. Incluyendo las viviendas ubicadas en lugares de alto riesgo o con servicios y ambiente deficientes, el déficit sobrepasa los 2 millones 500 mil.
